Durante la década del 90, a partir de las recomendaciones del consenso de Washington, los Estados de la región enfrentaron su déficit fiscal achicando sus estructuras y programas y privatizando las empresas públicas de servicios. Los organismos de crédito recomendaban a los gobiernos de la región ocuparse solo de las “funciones esenciales”, dejando las actividades productivas en manos de la inversión privada. Si el Estado dejaba más espacio a la iniciativa individual, razonaban, llegarían capitales que harán surgir potentes economías de mercado. En los hechos, y muy particularmente en la Argentina, el Estado Nacional se desprendió de los servicios escolares y de salud, que traspasó a las provincias. Pero por uno u otro motivo, el ajuste nunca pareció suficiente. Así, no sólo desaparecieron las empresas públicas y demás actividades “no esenciales”, sino que se pusieron en juego las coberturas básicas que había costado más de un siglo estructurar.
