Cerca de 400 personas ya están nucleados en la Asociación de Trabajadores de la Economía Popular que funciona en la sede de la CGT de calle Colón 114. Oscar Farías destacó que se abrió un canal de diálogo con la secretaría de Gobierno del municipio. "Todas las medidas que van en contra de los sectores populares nos afectan a los de la economía informal", afirmó el dirigente.
La Asociación de Trabajadores de la Economía Popular viene funcionando en la sede cegetista de calle Colón y en el mismo convergen artesanos, vendedores ambulantes, cartoneros, cooperativistas, parqueros, mensajeros, cuidadores de enfermos domiciliarios y hasta dos mujeres que donan sangre dos veces por mes. La Asociación fue reconocida como entidad de bien público, firmándose un convenio con el gobierno de Junín y refrendado por unanimidad de los bloques de concejales lo que posibilita que "todas las políticas de empleo y producción tanto municipal como provincial o nacional, lleguen a los integrantes de la Asociación y que todos los que estamos en la economía informal podamos ingresar al monotributo social", detalló Oscar Farías, secretario general de dicha entidad pero agregó que "hasta ahora eso no se viene cumpliendo, no nos han convocado para nada".
Sin embargo Farías reconoció que "hay abierto un diálogo a través de la secretaría de gobierno municipal cuando los vendedores ambulantes son molestados en la vía pública por la policía bonaerense.
Para Farías, "hay una profundización de la pobreza y se está institucionalizando. Este es un problema estructural. En el anterior gobierno había un 35% de informalidad y ahora se suman a los nuevos pobres".
"Todas las medidas que van en contra de los sectores populares nos afectan a los de la economía informal. En Junín hay casi 400 personas en estas condiciones pero son muchas más las que no están en nuestra asociación, como aquellos que han abierto un taller en sus casas, o las mujeres que hacen souvenirs, tortas o comidas para llevar. Hoy todas las familias tienen por lo menos un integrante en la economía informal", expresó a este portal digital informativo.
"Toda esa gente es estigmatizada por la policía en Junín. Allí se genera el conflicto. En este último tiempo abrimos un canal de diálogo con la secretaría de Gobierno del municipio para que en los casos que se compruebe que no sea comprobado que exista un delito, se le devuelva la mercadería. Hay una ordenanza municipal que prohíbe la venta ambulante pero el municipio no debe ignorar que existe una ley nacional de emergencia social que fue votada por unanimidad por ambas cámaras y que está por encima de cualquier ordenanza o ley provincial. Esta ley nacional habla de todos los emergentes de esta nueva crisis", detalló Oscar Farías poniendo de relieve que esa legislación protege a todos los que "estamos en la economía informal y popular".
La Asociación de Trabajadores de la Economía Popular viene funcionando en la sede cegetista de calle Colón y en el mismo convergen artesanos, vendedores ambulantes, cartoneros, cooperativistas, parqueros, mensajeros, cuidadores de enfermos domiciliarios y hasta dos mujeres que donan sangre dos veces por mes. La Asociación fue reconocida como entidad de bien público, firmándose un convenio con el gobierno de Junín y refrendado por unanimidad de los bloques de concejales lo que posibilita que "todas las políticas de empleo y producción tanto municipal como provincial o nacional, lleguen a los integrantes de la Asociación y que todos los que estamos en la economía informal podamos ingresar al monotributo social", detalló Oscar Farías, secretario general de dicha entidad pero agregó que "hasta ahora eso no se viene cumpliendo, no nos han convocado para nada".
Sin embargo Farías reconoció que "hay abierto un diálogo a través de la secretaría de gobierno municipal cuando los vendedores ambulantes son molestados en la vía pública por la policía bonaerense.
Para Farías, "hay una profundización de la pobreza y se está institucionalizando. Este es un problema estructural. En el anterior gobierno había un 35% de informalidad y ahora se suman a los nuevos pobres".
"Todas las medidas que van en contra de los sectores populares nos afectan a los de la economía informal. En Junín hay casi 400 personas en estas condiciones pero son muchas más las que no están en nuestra asociación, como aquellos que han abierto un taller en sus casas, o las mujeres que hacen souvenirs, tortas o comidas para llevar. Hoy todas las familias tienen por lo menos un integrante en la economía informal", expresó a este portal digital informativo.
"Toda esa gente es estigmatizada por la policía en Junín. Allí se genera el conflicto. En este último tiempo abrimos un canal de diálogo con la secretaría de Gobierno del municipio para que en los casos que se compruebe que no sea comprobado que exista un delito, se le devuelva la mercadería. Hay una ordenanza municipal que prohíbe la venta ambulante pero el municipio no debe ignorar que existe una ley nacional de emergencia social que fue votada por unanimidad por ambas cámaras y que está por encima de cualquier ordenanza o ley provincial. Esta ley nacional habla de todos los emergentes de esta nueva crisis", detalló Oscar Farías poniendo de relieve que esa legislación protege a todos los que "estamos en la economía informal y popular".
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