Crímenes de lesa humanidad: La Corte avaló arrestos domiciliarios para condenados. Los casos juninenses
El máximo tribunal resolvió revocar una sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal. Se trata del caso de un teniente coronel condenado a 22 años de prisión por delitos de lesa humanidad. El Gobierno también avaló la resolución judicial. Esto respalda la situación judicial de tres ex policías juninenses condenados en 2015 por el Tribunal Oral Criminal Federal 1.
La Corte Suprema de Justicia revocó un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que había dejado sin efecto la prisión domiciliaria a un teniente coronel del Ejército condenado por delitos de lesa humanidad, una decisión que sienta un nuevo antecedente jurisprudencial.
Con los votos a favor de Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, la Corte dispuso el dictado de un nuevo pronunciamiento, por lo que Casación deberá volver a deliberar sobre la situación penal de Felipe Jorge Alespeiti, de 85 años, condenado a 22 años de prisión con sentencia no firme por crímenes cometidos durante la dictadura.
Por mayoría, el máximo tribunal revocó un fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación que había revocado el arresto domiciliario de Alespeiti sobre la base de considerar el riesgo de fuga y el compromiso de la responsabilidad internacional del Estado argentino de garantizar efectivamente el cumplimiento de la pena.
En nuestra ciudad, tres ex policías juninenses que en su momento fueron condenados por delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar en nuestra ciudad, gozan de este beneficio. En marzo de 2016 se le concedió el beneficio a Miguel Angel Almirón, en octubre a Francisco Silvio Manzanares y ahora en enero, a Abel Oscar Bracken, cuando fue condenado a cadena perpetua a partir de ser considerado coautor del homicidio de Hugo Torreta
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata condenó el 18 de febrero de 2015 en Junín a siete acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo que funcionó en Junín, provincia de Buenos Aires, durante la última dictadura cívico-militar. El ex jefe del área militar 131, Ángel José Gómez Pola, y el ex comisario de la Comisaría Primera, Abel Oscar Bracken, recibieron prisión perpetua, mientras que el ex oficial de inteligencia policial Francisco Silvio Manzanares y el ex médico policial Aldo Antonio Chiachietta fueron condenados a 25 años de prisión.
Las penas impuestas se completan con 18 años de prisión para los ex oficiales Miguel Ángel Almirón y Julio Ángel Esterlich y de 15 años de prisión para el ex oficial Edgardo Mastandrea. Las condenas fueron impuestas por unanimidad de los tres jueces, quienes disintieron en algunos de los montos de las penas.
FALLECIDOS
Aldo Antonio Chiachietta falleció unos cinco días después del fallo. El médico juninense quien se desempeñó como traumatólogo, médico policial y galeno vinculado al mundo futbolístico. sufría de cáncer de vejiga y el deterioro que provocó esta enfermedad en su organismo habría desencadenado en la muerte. Su deceso se produjo en el penal federal de Ezeiza.
El ex comisario juninense de la policía bonaerense Edgardo Antonio Mastandrea, de 69 años, que estaba detenido por graves violaciones a los derechos humanos, murió el miércoles 27 de julio de 2015 luego de la amputación de sus piernas como consecuencia de la diabetes que padecía.
Mastandrea permanecía alojado en el pabellón 19 del Penal Federal de Marcos Paz, tras la pena que recibió en febrero de 2015, cuando se lo sentenció a 15 años de prisión luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata que lo juzgó lo encontrara culpable de delitos de lesa humanidad cometidos en Junín durante última dictadura cívico militar.
Permanecen encarcelados Angel José Gómez Pola y Julio Angel Esterlich.
EL HECHO QUE SIENTA JURISPRUDENCIA
Alespeiti fue juzgado en el 2009 por 107 secuestros y desapariciones, entre los que se cuentan las del escritor Haroldo Conti y Marcelo Gelman, hijo del poeta Juan Gelman. El represor fue jefe del Área II de la subzona Capital Federal entre el 16 de octubre de 1975 y el 22 de septiembre de 1976.
El caso llegó a la Corte Suprema y en su voto el juez Maqueda sostuvo que Casación debe analizar el estado de salud de Alespeiti -patologías cardíacas, evolutivas, crónicas, irreversibles y susceptibles de complicación, con un trastorno senil con deterioro funcional, pérdida del setenta por ciento de la visión en uno de sus ojos, y posee poca capacidad de locomoción-, y que su detención en una cárcel podía agravar las patologías.
Por su parte, los jueces Rosatti y Rosenkrantz coincidieron en la falta de fundamentación para revocar la prisión domiciliaria y de elementos para sostener que fuera de la prisión Alespeiti podía generar riesgos para la causa.
En disidencia, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco votaron por rechazar el planteo de la defensa del represor, por lo que confirmaron el rechazo de la prisión domiciliaria.
Ahora tendrá que intervenir nuevamente la Sala IV de Casación que 2014 había revocado la prisión domiciliaria que el Tribunal Oral Federal 5 le había otorgado.
En ese momento, los camaristas Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani señalaron que los problemas de salud del represor se podían tratar en la cárcel y que Alespeiti tenía capacidad de "influir sobre estructuras de poder que integró y que conformó una red continental de represión", por lo que la detención domiciliaria aumentaba esos riesgos.
Por su parte, el juez Gustavo Hornos había dicho que por la edad y los problemas de salud de Alespeiti correspondía la prisión domiciliaria y que en esa condición no había riesgos procesales.
LEER MAS: TRES CONDENADOS POR LA REPRESION ILEGAL EN JUNIN TIENEN PRISION DOMICILIARIA
RESPALDO DEL GOBIERNO
El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, aseguró que la decisión del máximo tribunal “muestra que en la Argentina hay igualdad de derecho para todos”
El Gobierno defendió este miércoles el fallo de la Corte Suprema que avaló el arresto domiciliario para un militar condenado por delitos de lesa humanidad y calificó como "una buena señal de madurez cívica" la medida judicial, que fue cuestionada desde algunos organismos de derechos humanos.
"Entendemos que el fallo de la Corte que permitirá el arresto domiciliario a un militar condenado y, ya que por ley le corresponde ese derecho, es una buena señal de madurez cívica y una muestra de que la Argentina está apegada a la ley más allá de a quién le corresponde el beneficio de la medida", expresó a Infobae Claudio Avruj, el secretario de Derechos Humanos del Gobierno.
Por otra parte, Avruj dijo que la decisión de la Corte de revocar el fallo que le negaba el arresto domiciliario a un militar condenado por delitos de lesa humanidad "es un salto cualitativo de la Argentina ya que se muestra el derecho de igualdad para todos los argentinos ante la ley y permite que no haya una violación de los derechos humanos para quienes reclaman el cumplimiento de la ley".
Si bien el secretario de Derechos Humanos aclaró que el apoyo del Gobierno a la decisión de la Corte "no exculpa ni avala las atrocidades cometidas por los militares durante la dictadura que condenamos desde siempre", la medida judicial "responde a un gesto de madurez cívica" del país en cuanto a "la igualdad de condiciones para todos".
El fallo del máximo tribunal alcanza al teniente coronel retirado Felipe Jorge Alespeiti, de 85 años, quien según los informes médicos que evaluaron su caso sufre patologías cardíacas irreversibles, trastorno senil, hipoacusia y pérdida del 70% de la visión, con limitada capacidad de locomoción. Alespeiti fue condenado a 22 años de prisión por privación ilegítima de libertad agravada, con violencia y amenazas reiteradas en 16 hechos calificados como delitos de lesa humanidad, y la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal le había negado el arresto domiciliario pedido por su grave estado de salud.
Por otra parte, Avruj remarcó que "si por ley le corresponde el arresto domiciliario a un militar mayor de edad y con problemas de salud que no resulta peligroso para fugarse no veo por qué haya que oponerse a esto". Ante las críticas de algunos organismos de derechos humanos sobre el fallo de la Corte, el secretario de Derechos Humanos dijo que estos "deberían también luchar por el cumplimiento de la ley, si no, el mensaje resulta confuso".
La Corte falló ayer en favor del teniente coronel retirado en una resolución dividida. La mayoría -con los votos de los jueces Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz- ordenó revocar el pronunciamiento que había emitido la Cámara Federal de Casación. Pero Ricardo Lorenzetti y Elena Highton, en cambio, consideraron "inadmisible" el recurso concedido. Esta decisión del máximo tribunal se dio luego del deceso del coronel Hugo Jorge Delmé, de 80 años, quien falleció en su celda de la prisión de Campo de Mayo, tras una severa afección cardíaca.
Tanto desde la Casa Rosada como de parte algunos organismos de derechos humanos evaluaron que el fallo de la Corte podría dar lugar a que se repitan nuevos beneficios a los militares que hoy están en prisión aunque también creen que la jurisprudencia podría dar lugar a que eventualmente se fije el arresto domiciliario de la líder kirchnerista de la Tupac Amaru de Jujuy Milagro Sala que está detenida desde hace un año y medio. El caso de esta detención fue cuestionado por organismos internacionales y se encuentra en estudio de la Corte. Desde el máximo tribunal se analiza en estos momentos el estado de salud de la dirigente kirchnerista en prisión por el delito de sedición en un acto público y por las causas de corrupción que pesan en su contra.
La Corte Suprema de Justicia revocó un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que había dejado sin efecto la prisión domiciliaria a un teniente coronel del Ejército condenado por delitos de lesa humanidad, una decisión que sienta un nuevo antecedente jurisprudencial.
Con los votos a favor de Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, la Corte dispuso el dictado de un nuevo pronunciamiento, por lo que Casación deberá volver a deliberar sobre la situación penal de Felipe Jorge Alespeiti, de 85 años, condenado a 22 años de prisión con sentencia no firme por crímenes cometidos durante la dictadura.
Por mayoría, el máximo tribunal revocó un fallo de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación que había revocado el arresto domiciliario de Alespeiti sobre la base de considerar el riesgo de fuga y el compromiso de la responsabilidad internacional del Estado argentino de garantizar efectivamente el cumplimiento de la pena.
En nuestra ciudad, tres ex policías juninenses que en su momento fueron condenados por delitos cometidos durante la dictadura cívico-militar en nuestra ciudad, gozan de este beneficio. En marzo de 2016 se le concedió el beneficio a Miguel Angel Almirón, en octubre a Francisco Silvio Manzanares y ahora en enero, a Abel Oscar Bracken, cuando fue condenado a cadena perpetua a partir de ser considerado coautor del homicidio de Hugo Torreta
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata condenó el 18 de febrero de 2015 en Junín a siete acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito represivo que funcionó en Junín, provincia de Buenos Aires, durante la última dictadura cívico-militar. El ex jefe del área militar 131, Ángel José Gómez Pola, y el ex comisario de la Comisaría Primera, Abel Oscar Bracken, recibieron prisión perpetua, mientras que el ex oficial de inteligencia policial Francisco Silvio Manzanares y el ex médico policial Aldo Antonio Chiachietta fueron condenados a 25 años de prisión.
Las penas impuestas se completan con 18 años de prisión para los ex oficiales Miguel Ángel Almirón y Julio Ángel Esterlich y de 15 años de prisión para el ex oficial Edgardo Mastandrea. Las condenas fueron impuestas por unanimidad de los tres jueces, quienes disintieron en algunos de los montos de las penas.
FALLECIDOS
Aldo Antonio Chiachietta falleció unos cinco días después del fallo. El médico juninense quien se desempeñó como traumatólogo, médico policial y galeno vinculado al mundo futbolístico. sufría de cáncer de vejiga y el deterioro que provocó esta enfermedad en su organismo habría desencadenado en la muerte. Su deceso se produjo en el penal federal de Ezeiza.
El ex comisario juninense de la policía bonaerense Edgardo Antonio Mastandrea, de 69 años, que estaba detenido por graves violaciones a los derechos humanos, murió el miércoles 27 de julio de 2015 luego de la amputación de sus piernas como consecuencia de la diabetes que padecía.
Mastandrea permanecía alojado en el pabellón 19 del Penal Federal de Marcos Paz, tras la pena que recibió en febrero de 2015, cuando se lo sentenció a 15 años de prisión luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata que lo juzgó lo encontrara culpable de delitos de lesa humanidad cometidos en Junín durante última dictadura cívico militar.
Permanecen encarcelados Angel José Gómez Pola y Julio Angel Esterlich.
EL HECHO QUE SIENTA JURISPRUDENCIA
Alespeiti fue juzgado en el 2009 por 107 secuestros y desapariciones, entre los que se cuentan las del escritor Haroldo Conti y Marcelo Gelman, hijo del poeta Juan Gelman. El represor fue jefe del Área II de la subzona Capital Federal entre el 16 de octubre de 1975 y el 22 de septiembre de 1976.
El caso llegó a la Corte Suprema y en su voto el juez Maqueda sostuvo que Casación debe analizar el estado de salud de Alespeiti -patologías cardíacas, evolutivas, crónicas, irreversibles y susceptibles de complicación, con un trastorno senil con deterioro funcional, pérdida del setenta por ciento de la visión en uno de sus ojos, y posee poca capacidad de locomoción-, y que su detención en una cárcel podía agravar las patologías.
Por su parte, los jueces Rosatti y Rosenkrantz coincidieron en la falta de fundamentación para revocar la prisión domiciliaria y de elementos para sostener que fuera de la prisión Alespeiti podía generar riesgos para la causa.
En disidencia, Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco votaron por rechazar el planteo de la defensa del represor, por lo que confirmaron el rechazo de la prisión domiciliaria.
Ahora tendrá que intervenir nuevamente la Sala IV de Casación que 2014 había revocado la prisión domiciliaria que el Tribunal Oral Federal 5 le había otorgado.
En ese momento, los camaristas Mariano Borinsky y Juan Carlos Gemignani señalaron que los problemas de salud del represor se podían tratar en la cárcel y que Alespeiti tenía capacidad de "influir sobre estructuras de poder que integró y que conformó una red continental de represión", por lo que la detención domiciliaria aumentaba esos riesgos.
Por su parte, el juez Gustavo Hornos había dicho que por la edad y los problemas de salud de Alespeiti correspondía la prisión domiciliaria y que en esa condición no había riesgos procesales.
LEER MAS: TRES CONDENADOS POR LA REPRESION ILEGAL EN JUNIN TIENEN PRISION DOMICILIARIA
RESPALDO DEL GOBIERNO
El secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, aseguró que la decisión del máximo tribunal “muestra que en la Argentina hay igualdad de derecho para todos”
El Gobierno defendió este miércoles el fallo de la Corte Suprema que avaló el arresto domiciliario para un militar condenado por delitos de lesa humanidad y calificó como "una buena señal de madurez cívica" la medida judicial, que fue cuestionada desde algunos organismos de derechos humanos.
"Entendemos que el fallo de la Corte que permitirá el arresto domiciliario a un militar condenado y, ya que por ley le corresponde ese derecho, es una buena señal de madurez cívica y una muestra de que la Argentina está apegada a la ley más allá de a quién le corresponde el beneficio de la medida", expresó a Infobae Claudio Avruj, el secretario de Derechos Humanos del Gobierno.
Por otra parte, Avruj dijo que la decisión de la Corte de revocar el fallo que le negaba el arresto domiciliario a un militar condenado por delitos de lesa humanidad "es un salto cualitativo de la Argentina ya que se muestra el derecho de igualdad para todos los argentinos ante la ley y permite que no haya una violación de los derechos humanos para quienes reclaman el cumplimiento de la ley".
Si bien el secretario de Derechos Humanos aclaró que el apoyo del Gobierno a la decisión de la Corte "no exculpa ni avala las atrocidades cometidas por los militares durante la dictadura que condenamos desde siempre", la medida judicial "responde a un gesto de madurez cívica" del país en cuanto a "la igualdad de condiciones para todos".
El fallo del máximo tribunal alcanza al teniente coronel retirado Felipe Jorge Alespeiti, de 85 años, quien según los informes médicos que evaluaron su caso sufre patologías cardíacas irreversibles, trastorno senil, hipoacusia y pérdida del 70% de la visión, con limitada capacidad de locomoción. Alespeiti fue condenado a 22 años de prisión por privación ilegítima de libertad agravada, con violencia y amenazas reiteradas en 16 hechos calificados como delitos de lesa humanidad, y la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal le había negado el arresto domiciliario pedido por su grave estado de salud.
Por otra parte, Avruj remarcó que "si por ley le corresponde el arresto domiciliario a un militar mayor de edad y con problemas de salud que no resulta peligroso para fugarse no veo por qué haya que oponerse a esto". Ante las críticas de algunos organismos de derechos humanos sobre el fallo de la Corte, el secretario de Derechos Humanos dijo que estos "deberían también luchar por el cumplimiento de la ley, si no, el mensaje resulta confuso".
La Corte falló ayer en favor del teniente coronel retirado en una resolución dividida. La mayoría -con los votos de los jueces Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz- ordenó revocar el pronunciamiento que había emitido la Cámara Federal de Casación. Pero Ricardo Lorenzetti y Elena Highton, en cambio, consideraron "inadmisible" el recurso concedido. Esta decisión del máximo tribunal se dio luego del deceso del coronel Hugo Jorge Delmé, de 80 años, quien falleció en su celda de la prisión de Campo de Mayo, tras una severa afección cardíaca.
Tanto desde la Casa Rosada como de parte algunos organismos de derechos humanos evaluaron que el fallo de la Corte podría dar lugar a que se repitan nuevos beneficios a los militares que hoy están en prisión aunque también creen que la jurisprudencia podría dar lugar a que eventualmente se fije el arresto domiciliario de la líder kirchnerista de la Tupac Amaru de Jujuy Milagro Sala que está detenida desde hace un año y medio. El caso de esta detención fue cuestionado por organismos internacionales y se encuentra en estudio de la Corte. Desde el máximo tribunal se analiza en estos momentos el estado de salud de la dirigente kirchnerista en prisión por el delito de sedición en un acto público y por las causas de corrupción que pesan en su contra.
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