Vidal desplazó al jefe del Servicio Penitenciario y toda la cúpula. Anunciará una reestructuración de la fuerza
La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, ordenó el desplazamiento de toda la cúpula del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) incluido a su jefe, Fernando Díaz, y dispuso una virtual intervención civil por 90 días con el objetivo de evaluar el desempeño de todo el personal jerárquico a cargo de las unidades.
Según informaron fuentes del Gobierno, Vidal desplazó a Díaz y a los diez directores y subdirectores que conformaban la cúpula del SPB con el objetivo de iniciar una reforma integral del servicio, cuyas líneas centrales presentará mañana en conferencia de prensa y quedarán plasmadas en un proyecto de ley que girará a la Legislatura. Además, dispuso más de un centenar de retiros de agentes.
A partir de esta decisión, la fuerza será conducida interinamente por 90 días por el subsecretario de Políticas Penitenciarias, Juan Baric, quien conducirá un proceso de revisión y control del desempeño de todo el personal secundado por otros dos veedores civiles.
FUNCIONARIO POLÉMICO
Fernando Díaz había estado al frente del SPB durante la gestión como gobernador de Felipe Solá, y conducía la fuerza cuando se produjo en 2005 la “Masacre de Magdalena”, en la que murieron 30 internos de ese penal. El 29 de diciembre del año pasado volvió a hacerse cargo del servicio tras el desplazamiento de Florencia Piermarini, quien había sobrevivido al cambio de gobierno pero fue desplazada luego de la “Triple Fuga” de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y de Víctor Schilaci del penal de General Alvear.
A principios de octubre Díaz volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras ser imputado por la Justicia de Salta por el delito de “administración fraudulenta” en una causa en la que investiga a 38 funcionarios del Servicio Penitenciario Federal por irregularidades millonarias en la provisión de alimentos de un penal de esa provincia.
La causa, a cargo del juez federal Miguel Antonio Medina, está caratulada como “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso real con el delito de vejaciones”, por presuntas irregularidades en una contratación millonaria para el servicio alimentario del complejo penitenciario federal de Salta, en momentos en que se desempeñaba como subjefe del SPF.
Sin embargo, desde el Gobierno bonaerense negaron que este hecho haya estado vinculado con el desplazamiento de Díaz, y aseguraron que obedeció a la búsqueda de una “renovación generacional” para dar lugar a “la reforma más profunda del Servicio en democracia”.
Tras conocerse el desplazamiento, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) consideró “positiva” la decisión, al sostener que “es una buena noticia que debe venir acompañada de cambios estructurales para transformar la grave crisis que enfrenta el sistema de encierro bonaerense”.
El organismo había pedido el desplazamiento del funcionario la semana pasada, cuando se reunión con la Gobernadora para entregarle los resultados del décimo informe anual sobre la situación carcelaria.
Según informaron fuentes del Gobierno, Vidal desplazó a Díaz y a los diez directores y subdirectores que conformaban la cúpula del SPB con el objetivo de iniciar una reforma integral del servicio, cuyas líneas centrales presentará mañana en conferencia de prensa y quedarán plasmadas en un proyecto de ley que girará a la Legislatura. Además, dispuso más de un centenar de retiros de agentes.
A partir de esta decisión, la fuerza será conducida interinamente por 90 días por el subsecretario de Políticas Penitenciarias, Juan Baric, quien conducirá un proceso de revisión y control del desempeño de todo el personal secundado por otros dos veedores civiles.
FUNCIONARIO POLÉMICO
Fernando Díaz había estado al frente del SPB durante la gestión como gobernador de Felipe Solá, y conducía la fuerza cuando se produjo en 2005 la “Masacre de Magdalena”, en la que murieron 30 internos de ese penal. El 29 de diciembre del año pasado volvió a hacerse cargo del servicio tras el desplazamiento de Florencia Piermarini, quien había sobrevivido al cambio de gobierno pero fue desplazada luego de la “Triple Fuga” de los hermanos Martín y Cristian Lanatta y de Víctor Schilaci del penal de General Alvear.
A principios de octubre Díaz volvió a quedar en el ojo de la tormenta tras ser imputado por la Justicia de Salta por el delito de “administración fraudulenta” en una causa en la que investiga a 38 funcionarios del Servicio Penitenciario Federal por irregularidades millonarias en la provisión de alimentos de un penal de esa provincia.
La causa, a cargo del juez federal Miguel Antonio Medina, está caratulada como “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso real con el delito de vejaciones”, por presuntas irregularidades en una contratación millonaria para el servicio alimentario del complejo penitenciario federal de Salta, en momentos en que se desempeñaba como subjefe del SPF.
Sin embargo, desde el Gobierno bonaerense negaron que este hecho haya estado vinculado con el desplazamiento de Díaz, y aseguraron que obedeció a la búsqueda de una “renovación generacional” para dar lugar a “la reforma más profunda del Servicio en democracia”.
Tras conocerse el desplazamiento, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) consideró “positiva” la decisión, al sostener que “es una buena noticia que debe venir acompañada de cambios estructurales para transformar la grave crisis que enfrenta el sistema de encierro bonaerense”.
El organismo había pedido el desplazamiento del funcionario la semana pasada, cuando se reunión con la Gobernadora para entregarle los resultados del décimo informe anual sobre la situación carcelaria.
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