La Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales Bonaerenses (Fesimubo) cuestionó por “contradictorio e ilegal” el decreto provincial que reglamentó ayer la ley de paritarias municipales 14.656 al cuestionar la prórroga por otros cuatro meses de su completa puesta en marcha y afirmar que “desnaturaliza” la norma original.
El decreto reglamentario publicado ayer en el Boletín Oficial bonaerense “desnaturaliza la ley 14656 en claro perjuicio a los trabajadores municipales”, sostuvo Fesimubo en un comunicado al tiempo que lo tildó de “contradictorio e ilegal”.
“El decreto 784 a más de pecar por redundante, desnaturaliza la ley 14656 en claro perjuicio a los trabajadores municipales”, señalaron desde el gremio. En ese sentido, aseguraron que “se impulsa una reglamentación en materia de sumarios de carácter inquisitivo que afecta al debido proceso”.
También afirmaron que la disposición favorece a aquellas gestiones comunales que se niegan a otorgar los derechos laborales a sus empleados: “Con un artilugio se prorroga nuevamente la entrada en vigencia de la tercera sección de la ley, amparándose así a los municipios que resisten a que sus trabajadores obtengan el Convenio Colectivo de Trabajo”.
Como informó ayer DIB, el Gobierno reglamentó la ley 14.656 que establece el régimen de empleo municipal, pero otorgó un nuevo plazo de 90 días hábiles (poco más de cuatro meses) para aquellos municipios que aún no hayan suscripto los convenios colectivos o se encuentren en plena negociación con los gremios.
De este modo, el apartado de la ley que establece la obligatoriedad de la realización de negociaciones paritarias recién entrará en vigencia el 14 de noviembre próximo.
El texto publicado ayer establece que la prórroga que ya se había fijado en diciembre pasado por 180 días se extenderá para los casos en los que los municipios se encuentren en proceso de negociación colectiva o todavía no lo hayan iniciado pero expresen su voluntad de hacerlo en los próximos diez días hábiles.
Este universo alcanza a 113 de los 135 distritos, según un relevamiento realizado por DIB días atrás, que daba cuenta de que solo 22 comunas habían firmado los convenios, mientras que otros 45 se encontraban en proceso de negociación.
Los municipales evalúan ahora presentar un recurso judicial para frenar la aplicación del polémico decreto así como posibles medidas de protesta.
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