La Cámara Federal de La Plata declaró este jueves la nulidad de las resoluciones del Ministerio de Energía y Minería de la Nación que autorizaron aumentos en la tarifa de gas y ordenó retrotraer la situación a la fecha previa a puesta en práctica de esas medidas, mientras que el lunes será presentado un nuevo recurso judicial para asegurar que el incremento no sea aplicado, al menos, hasta que haya una eventual resolución de la Corte.
En el fallo, los jueces César Álvarez, Olga Calitri y Leopoldo Schiffrin declararon nulas las resoluciones 28 y 31 del ministerio de Energía “por no haber sido precedidas de audiencias públicas”, en respuesta a una presentación del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CESPI), que había sido rechazada en primer instancia por el juez federal de La Plata Alberto Recondo.
Los camaristas consideraron que más allá del argumento esgrimido por el Estado Nacional en torno a que es posible el ajuste tarifario sin que se hayan realizado audiencias públicas, “corresponde examinar si la normativa impugnada en autos se adecua a pautas de razonabilidad”. En los fundamentos esgrimidos por el juez César Alvarez, al que adhirieron los otros dos magistrados, se consignó que “la modificación de los precios que deben abonar los usuarios no puede ser soslayada”.
“Limitar la realización de audiencias públicas para cuestiones permanentes implica transformar a todo el sistema de participación consagrado en la constitución y las leyes en una mera formalidad cuya utilidad tiende a disminuir para quienes deben pagar las tarifas”, consignaron los magistrados.
La Cámara consideró además que corresponde ordenar al Estado nacional que convoque a una Audiencia Pública en el marco del trámite que precedió a las Resoluciones 28/2016 y 31/2016, a fin de garantizar los derechos de usuarios del servicio público de gas natural y, de esta forma, posibilitar la participación ciudadana consagrada constitucionalmente.
En tanto, el representante legal del CESPI, Mariano Lovelli, dijo a DIB que la decisión de anular las resoluciones “es válida para todo el país”, con lo que coincidieron fuentes del gobierno nacional consultadas por esta agencia. Lovelli explicó que esa extensión está contenida en el primer punto de la sentencia, que indica que se debe “acumular a la presente todas las acciones colectivas” en el mismo sentido.
“Esto es posible por el registro de recursos de amparo que se dispuso hace un año, una medida de la Corte que buscó evitar fallos discordantes en diversas instancias”. Esa decisión está contenida en las “las acordadas 32/2014 y 12/2016” del máximo tribunal del país.
Pese a la contundencia del fallo, Lovelli explicó que el lunes presentarán un nuevo recurso ante la cámara para “asegurar que no se apliquen los incrementos, porque técnicamente eso podría ocurrir en tanto no haya sentencia firme”, es decir una decisión de la Corte Suprema. Esa estrategia, precisamente, es la que impulsa el Ejecutivo nacional, que busca que el máximo tribunal aplique el per saltum y trate el tema.
Las empresas que prestan el servicio, como Metrogas y Gas Natural Fenosa, no habían recibido ninguna notificación, por lo que no tenían por lo que no tenían previsto, por su parte, modificar su conducta con respecto al cobro y la facturación, que llegó con subas muy superiores al 400 por cie
nto, en los casos en el que al incremento tarifario hay que sumar un mayor consumo por el adelantamiento de las días de frío en mayo y junio.
REACCIONES
La presentación original que derivó en este fallo fue presentada por el CESPI junto a otros organismos de defensa del consumidor y apoyada por los bloques del kirchnerismo en la Legislatura bonaerense, que juntaron firmas para apoyarlo y que hoy lo celebraron a través de un comunicado. Allí, el diputado José Ottavis aseguró que “este fallo representa un paso muy importante en la defensa de los derechos de todos los argentinos”. Esto fue posible gracias al acompañamiento de legisladores, intendentes, concejales, pymes, asociaciones de consumidores y más 60 mil vecinos de la provincia de Buenos Aires que firmaron el petitorio que solicitaba la suspensión del aumento en el servicio de gas”. Por su parte, la jefa del bloque de senadores bonaerenses del FPV, Magdalena Sierra, indicó que “esperamos que rápidamente la Corte Suprema de la Nación se exprese en el mismo sentido”.
Por su parte, el intendente de San Martín, Grabriel Katododis directamente consideró que “la estrategia del tarifazo ha fracaso en el país”.
En el fallo, los jueces César Álvarez, Olga Calitri y Leopoldo Schiffrin declararon nulas las resoluciones 28 y 31 del ministerio de Energía “por no haber sido precedidas de audiencias públicas”, en respuesta a una presentación del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CESPI), que había sido rechazada en primer instancia por el juez federal de La Plata Alberto Recondo.
Los camaristas consideraron que más allá del argumento esgrimido por el Estado Nacional en torno a que es posible el ajuste tarifario sin que se hayan realizado audiencias públicas, “corresponde examinar si la normativa impugnada en autos se adecua a pautas de razonabilidad”. En los fundamentos esgrimidos por el juez César Alvarez, al que adhirieron los otros dos magistrados, se consignó que “la modificación de los precios que deben abonar los usuarios no puede ser soslayada”.
“Limitar la realización de audiencias públicas para cuestiones permanentes implica transformar a todo el sistema de participación consagrado en la constitución y las leyes en una mera formalidad cuya utilidad tiende a disminuir para quienes deben pagar las tarifas”, consignaron los magistrados.
La Cámara consideró además que corresponde ordenar al Estado nacional que convoque a una Audiencia Pública en el marco del trámite que precedió a las Resoluciones 28/2016 y 31/2016, a fin de garantizar los derechos de usuarios del servicio público de gas natural y, de esta forma, posibilitar la participación ciudadana consagrada constitucionalmente.
En tanto, el representante legal del CESPI, Mariano Lovelli, dijo a DIB que la decisión de anular las resoluciones “es válida para todo el país”, con lo que coincidieron fuentes del gobierno nacional consultadas por esta agencia. Lovelli explicó que esa extensión está contenida en el primer punto de la sentencia, que indica que se debe “acumular a la presente todas las acciones colectivas” en el mismo sentido.
“Esto es posible por el registro de recursos de amparo que se dispuso hace un año, una medida de la Corte que buscó evitar fallos discordantes en diversas instancias”. Esa decisión está contenida en las “las acordadas 32/2014 y 12/2016” del máximo tribunal del país.
Pese a la contundencia del fallo, Lovelli explicó que el lunes presentarán un nuevo recurso ante la cámara para “asegurar que no se apliquen los incrementos, porque técnicamente eso podría ocurrir en tanto no haya sentencia firme”, es decir una decisión de la Corte Suprema. Esa estrategia, precisamente, es la que impulsa el Ejecutivo nacional, que busca que el máximo tribunal aplique el per saltum y trate el tema.
Las empresas que prestan el servicio, como Metrogas y Gas Natural Fenosa, no habían recibido ninguna notificación, por lo que no tenían por lo que no tenían previsto, por su parte, modificar su conducta con respecto al cobro y la facturación, que llegó con subas muy superiores al 400 por cie
nto, en los casos en el que al incremento tarifario hay que sumar un mayor consumo por el adelantamiento de las días de frío en mayo y junio.
REACCIONES
La presentación original que derivó en este fallo fue presentada por el CESPI junto a otros organismos de defensa del consumidor y apoyada por los bloques del kirchnerismo en la Legislatura bonaerense, que juntaron firmas para apoyarlo y que hoy lo celebraron a través de un comunicado. Allí, el diputado José Ottavis aseguró que “este fallo representa un paso muy importante en la defensa de los derechos de todos los argentinos”. Esto fue posible gracias al acompañamiento de legisladores, intendentes, concejales, pymes, asociaciones de consumidores y más 60 mil vecinos de la provincia de Buenos Aires que firmaron el petitorio que solicitaba la suspensión del aumento en el servicio de gas”. Por su parte, la jefa del bloque de senadores bonaerenses del FPV, Magdalena Sierra, indicó que “esperamos que rápidamente la Corte Suprema de la Nación se exprese en el mismo sentido”.
Por su parte, el intendente de San Martín, Grabriel Katododis directamente consideró que “la estrategia del tarifazo ha fracaso en el país”.
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