El gobierno de María Eugenia Vidal acordó con los fiscales generales bonaerenses avanzar en un proceso de actualización de datos sobre evolución de la criminalidad que tenga mayor velocidad que el actual, como primer paso para la construcción de un mapa del delito propio, una herramienta central para diseñar la política para combatir la inseguridad.
La decisión se conoció hoy, luego de una reunión que mantuvo el flamante ministro de Justicia, Gustavo Ferrari –con de sus subsecretarios-, con los fiscales, en la que se planteó la necesidad de “lograr una recopilación de datos armonizada entre estos organismos y que tenga más rápida utilización para la toma de decisiones”, en materia de política para combatir la inseguridad.
Es que en la actualidad, lo más parecido a un mapa del delito específico para la provincia son las estadísticas delictuales que elabora y publica en forma semestral la Procuración General de la Corte, sobre la base de las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) del período inmediato anterior, es decir las denuncias por delitos sufridos por ciudadanos que que dieron origen a causas judiciales.
El problema con ese esquema es que es escasamente operativo: para el momento en que los datos son finalmente procesados, corren el riesgo de quedar al menos parcialmente desactualizados, dado la dinámica de la criminalidad actual. Un caso notorio es, por ejemplo, el de los secuestros express, una modalidad que “explotó” en las últimas semanas pero casino figuraba las estadísticas de la Procuración.
Por eso, la idea es avanzar con un esquema de actualización de datos, para luego ir, como segundo etapa, a un mapa del delito con actualización inmediata, que permita “seguir” con las decisiones de gobierno las permanentes mutaciones del delito. La cuestión, en la que estuvieron de acuerdo los fiscales, ya fue conversada por Ferrari con su par de Seguridad, Cristian Ritondo, el otro ministro con competencia en el tema.
“Si hay que abrir una fiscalía o dotar a alguna de más recursos, humanos o tecnológicos, por caso, eso debe hacerse sobre la base de información técnica que refleje la situación y las necesidades reales de los territorios y no por acuerdos políticos”, explicó en relación a la utilidad del mapa de delito a esta agencia una fuente presente en el encuentro con los fiscales.
De todos modos, las fuentes explicaron que no será un proceso inmediato ni sencillo: antes de poner en marcha el mapa se deberán compatibilizar diversos protocolos de funcionamientos de las reparticiones del Ejecutivo involucradas y también de la Justicia. Al mismo tiempo, es probable que sea necesaria una actualización tecnológica de magnitud. Pero la decisión del Ejecutivo es avanzar “lo más rápido posible”, dijeron las fuentes. (DIB)
La decisión se conoció hoy, luego de una reunión que mantuvo el flamante ministro de Justicia, Gustavo Ferrari –con de sus subsecretarios-, con los fiscales, en la que se planteó la necesidad de “lograr una recopilación de datos armonizada entre estos organismos y que tenga más rápida utilización para la toma de decisiones”, en materia de política para combatir la inseguridad.
Es que en la actualidad, lo más parecido a un mapa del delito específico para la provincia son las estadísticas delictuales que elabora y publica en forma semestral la Procuración General de la Corte, sobre la base de las Investigaciones Penales Preparatorias (IPP) del período inmediato anterior, es decir las denuncias por delitos sufridos por ciudadanos que que dieron origen a causas judiciales.
El problema con ese esquema es que es escasamente operativo: para el momento en que los datos son finalmente procesados, corren el riesgo de quedar al menos parcialmente desactualizados, dado la dinámica de la criminalidad actual. Un caso notorio es, por ejemplo, el de los secuestros express, una modalidad que “explotó” en las últimas semanas pero casino figuraba las estadísticas de la Procuración.
Por eso, la idea es avanzar con un esquema de actualización de datos, para luego ir, como segundo etapa, a un mapa del delito con actualización inmediata, que permita “seguir” con las decisiones de gobierno las permanentes mutaciones del delito. La cuestión, en la que estuvieron de acuerdo los fiscales, ya fue conversada por Ferrari con su par de Seguridad, Cristian Ritondo, el otro ministro con competencia en el tema.
“Si hay que abrir una fiscalía o dotar a alguna de más recursos, humanos o tecnológicos, por caso, eso debe hacerse sobre la base de información técnica que refleje la situación y las necesidades reales de los territorios y no por acuerdos políticos”, explicó en relación a la utilidad del mapa de delito a esta agencia una fuente presente en el encuentro con los fiscales.
De todos modos, las fuentes explicaron que no será un proceso inmediato ni sencillo: antes de poner en marcha el mapa se deberán compatibilizar diversos protocolos de funcionamientos de las reparticiones del Ejecutivo involucradas y también de la Justicia. Al mismo tiempo, es probable que sea necesaria una actualización tecnológica de magnitud. Pero la decisión del Ejecutivo es avanzar “lo más rápido posible”, dijeron las fuentes. (DIB)
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