Hoy miércoles sesionara la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y su principal cometido será dar tratamiento a la denominada Ley Anti despidos, luego de la frustrada sesión especial del pasado 12 de mayo.
Ríos de tinta ha volcado la prensa sobre este tema, y ha ocupado un lugar importante en la escena de los medios audiovisuales. En el ámbito local, a partir de una nota publicada por un matutino el domingo 15 de mayo, me llama poderosamente la atención la lectura, un tanto miope, que llevan a cabo los actores políticos allí consultados provenientes de distintas vertientes, teniendo como denominador común todos ellos la omisión lisa y llana que el impulso de la medida ha sido por parte del Bloque Justicialista cuyo presidente resulta ser el juninense Dr. Oscar Romero, Diputado Nacional e importante dirigente sindical nacional, iniciativa que impulsa a partir de una reunión en el Congreso con las cinco centrales de los trabajadores.
Otro punto de acuerdo entre las tres opiniones consultadas, pareciera converger en que la iniciativa persigue o se reduce a una prebenda política, una especie de pulseada y demostración de fuerzas, ignorando que el eje central de la discusión es la conservación de los puestos de trabajo actuales, dotando al trabajador de una “herramienta” legal de protección ante el tsunami de despidos que se viene llevando a cabo, tanto en el sector público como privado.
El concejal Dr. Lautaro Mazzuti, recoge la posición del FPV enfatizando el numero que circula de despidos; por su parte el concejal Bereintein, pareciera ignorar por completo las pretensiones del cuerpo legal que se pretende aprobar, y encandilado entre las ideas y vueltas que plantea su jefe político Sergio Massa, confunde la norma de protección de empleo, con otra de incentivo a creación del mismo. Sospecho la confusión proviene de que resulta muy difícil saber de qué lado está el dirigente de la ciudad de Tigre.
Me resulta más grave por irresponsable, la lectura de la Dip. Laura Ricchini, quien se hace eco de la posición del gobierno Nacional, pretendiendo desnaturalizar el contenido de la texto del proyecto de la ley Anti despidos, y confundiendo a la comunidad en su fin. Desconozco si su actitud responde a que ignora el contenido del mismo, o la misma es pergeñada con el único propósito de infundir temor en la sociedad e instalar una en el imaginario colectivo una posición de rechazo a la misma.
La legisladora del Pro, manifiesta que: “Si esa ley se aprueba y se lleva adelante va a causar un miedo tal en los comerciantes que si tienen que tomar algún empleado lo va a pensar dos veces, mínimamente a que todo se acomode en el sentido económico. Nosotros confiamos en que a partir del segundo semestre todo va a mejorar, pero es obvio que el empresario está con incertidumbre y querer forzarlo a no echar o a pagar una indemnización mayor va a ser que ni siquiera piense en incorporar a alguien más a su personal”. Claramente confunde comercio con industria, y lo más grave, repito, ignora que se trata de una norma que tiende a proteger el empleo actual, y no es una norma que pretenda incentivar el empleo. Por otro lado, si ella como integrante del gobierno de Cambiemos esta tan segura de que las políticas llevadas a cabo generarán empleo, cuál sería el problema de sancionar esta ley.
Sin perjuicio de lo expuesto, y como corolario, el proyecto impulsado desde el Bloque Justicialista, y tal como salió de comisión contempla que los nuevos empleos, es decir, aquellas personas que sean contratadas desde la fecha en adelante, no estarán alcanzadas por la norma, si no que se regirán normalmente por la ley de contrato de trabajo (Ley 20.744).
Por ello la pregunta que cualquier vecino de barrio se haría es “¿Son o se hacen?”.
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