En el marco del importante trabajo legislativo que viene realizando con respecto a las temáticas de género, la diputada provincial Rocío Giaccone manifestó que “Junín debe tener políticas claras” en la materia, y se mostró dispuesta a abordar colaborativamente distintas cuestiones que tienen que ver con esta problemática.
La Diputada manifestó que “desde la legislatura provincial estamos continuamente trabajando las cuestiones relacionadas con la violencia de género” y aseguró que “desde el municipio deben implementarse líneas de acción para fomentar un abordaje integral para esta temática, trabajando en prevención, contención, acompañamiento e inclusión”.
En este sentido, Giaccone presentó distintos proyectos de ley como la reforma que establece que los jueces puedan disponer que la persona denunciada por violencia de género deba usar pulseras o tobilleras magnéticas; la disposición de que la Suprema Corte lleve un registro estadístico de las causas penales con un desagregado especial para los casos de violencia de género y femicidios, que contenga no sólo datos cuantitativos sino cualitativos de los casos, y el establecimiento que el sistema de salud público y también IOMA cubran tratamientos psicológicos para víctimas de violencia de género, entre otros.
En tanto, ante el anuncio de la gobernadora Vidal de la construcción de una red de refugios que proporcionen protección a las mujeres víctimas de violencia de género, la legisladora aseguró que "importante que el intendente Petrecca gestione la llegada de los mismos Junín, para que se pongan en funcionamiento lo más rápidamente posible”.
Por último, la Diputada juninense indicó que “consideramos que estas políticas deben ocupar un lugar preponderante en nuestra ciudad, para la construcción de una ciudad más inclusiva, fomentando relaciones igualitarias entre los géneros”.
Dentro de su trabajo legislativo en la materia, cabe destacar que Giaccone fue impulsora de dos proyectos que se convirtieron en ley, como el régimen especial de inasistencias justificadas no computables para alumnas embarazadas y alumnos en condiciones de paternidad que cursen estudios en establecimientos de gestión estatal o privada dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación, y el establecimiento del derecho de todos los educandos y educandas de todos los establecimientos dependientes de la Dirección General de Cultura y Educación, a recibir educación sexual integral en virtud de los establecido en la ley nacional 26150 y provincial 13688. Además, presentó un proyecto que busca elevar el cupo femenino que hoy se encuentra en el 30% al 50%, planteando que este porcentaje sea cumplido de manera alternada en el total de la lista.
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