El gobierno busca crear un nuevo tribunal para juzgar casos de corrupción que involucren a funcionarios provinciales y municipales
En la provincia de Buenos Aires buscan crear un nuevo tribunal, llamado Tribunal Social de Responsabilidad Política, que se encargará de juzgar los casos de corrupción que involucren a funcionarios del gobierno central y de los municipios, que podría estar operativo antes de fin de año.
El nuevo tribunal, cuya habilitación es impulsada por el gobierno de María Eugenia Vidal, es en realidad una manda constitucional incumplida durante 22 años, ya que estaba previsto en el texto de la Carta Magna bonaerense reformada en 1994, pero hasta ahora nunca se sancionó la ley correspondiente.
El artículo 3 de la Constitución indica que “agravian y lesionan la sustancia del orden constitucional los actos de corrupción”. Y que “la ley creará el Tribunal Social de Responsabilidad Política que tendrá a su cargo examinar los actos de corrupción que pudieren cometer los funcionarios de los poderes públicos, provinciales y municipales”.
Sobre esa base, el ministerio de Justicia provincial publicó hoy en el Boletín Oficial la resolución 247, en la que convoca a una “mesa de trabajo” a diversos sectores relacionados con “la prevención, investigación y sanción de hecho de corrupción” con los que buscará elaborar un anteproyecto de ley que cree el Tribunal.
En la resolución, firmada por el ministro de Justicia, Carlos Mahiques, se reconoce que la creación del tribunal “constituye una tarea largamente pendiente”, y para evitar nuevas dilaciones pone un plazo en el cual deberá estar terminado: dos meses para estudiar los antecedentes y tres más, en una segunda etapa, para elaborar el anteproyecto respectivo.
En esa tarea, se especifica en la resolución que convoca a la mesa de trabajo, intervendrán “magistrados, funcionarios, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y personas con reconocida labor en materia de prevención, investigación y sanción de hechos de corrupción”.
Luego de que esa tarea quede finalizada, el anteproyecto se remitirá a la Legislatura, donde según indicaron a DIB fuentes del Ejecutivo, esperan “un tratamiento favorable” ya que se trata, como se dijo, de una manda constitucional incumplida y en virtud “del amplio proceso de consulta del que surgirá en texto que será puesto a consideración” de los legisladores.
La iniciativa se da en medio de las investigaciones abiertas en la provincia por presuntos casos de corrupción en el IOMA durante la gestión de Daniel Scioli, y también en un clima de polémica por las acusaciones contra intendentes del oficialismo como Jorge Macri y Néstor Grindetti, a raíz de las revelaciones de los llamados “Panama Papers”. (DIB) AL
El artículo 3 de la Constitución indica que “agravian y lesionan la sustancia del orden constitucional los actos de corrupción”. Y que “la ley creará el Tribunal Social de Responsabilidad Política que tendrá a su cargo examinar los actos de corrupción que pudieren cometer los funcionarios de los poderes públicos, provinciales y municipales”.
Sobre esa base, el ministerio de Justicia provincial publicó hoy en el Boletín Oficial la resolución 247, en la que convoca a una “mesa de trabajo” a diversos sectores relacionados con “la prevención, investigación y sanción de hecho de corrupción” con los que buscará elaborar un anteproyecto de ley que cree el Tribunal.
En la resolución, firmada por el ministro de Justicia, Carlos Mahiques, se reconoce que la creación del tribunal “constituye una tarea largamente pendiente”, y para evitar nuevas dilaciones pone un plazo en el cual deberá estar terminado: dos meses para estudiar los antecedentes y tres más, en una segunda etapa, para elaborar el anteproyecto respectivo.
En esa tarea, se especifica en la resolución que convoca a la mesa de trabajo, intervendrán “magistrados, funcionarios, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil y personas con reconocida labor en materia de prevención, investigación y sanción de hechos de corrupción”.
Luego de que esa tarea quede finalizada, el anteproyecto se remitirá a la Legislatura, donde según indicaron a DIB fuentes del Ejecutivo, esperan “un tratamiento favorable” ya que se trata, como se dijo, de una manda constitucional incumplida y en virtud “del amplio proceso de consulta del que surgirá en texto que será puesto a consideración” de los legisladores.
La iniciativa se da en medio de las investigaciones abiertas en la provincia por presuntos casos de corrupción en el IOMA durante la gestión de Daniel Scioli, y también en un clima de polémica por las acusaciones contra intendentes del oficialismo como Jorge Macri y Néstor Grindetti, a raíz de las revelaciones de los llamados “Panama Papers”. (DIB) AL
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